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Por: Dr. Daniel Bianchi *
Sobre la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud haremos un análisis general del proyecto y un análisis particular de su financiamiento.
Nos parece que el proyecto de ley o el sistema como tal es absolutamente inaplicable.
El primer comentario que surge, es que el actual gobierno en general y el Ministerio de Salud Pública en particular, cree que el Estado puede planificar todo y decirle a cada actor que es lo que debe hacer, que medicamento debe recetar, cuando tiene que invertir en tecnología, cuando no, cuando debe ampliar su planta física y en que lugar.
Esto indefectiblemente conduce al fracaso, a la disminución de inversiones y por ende a la carencia en la incorporación de nueva tecnología.
El proyecto en sí claramente tiende a una nivelación hacia abajo en la calidad de la asistencia, no porque así lo quiera la iniciativa, ya que los propósitos son buenos, sino porque los efectos prácticos serán esos.
Por lo tanto nuestro Partido ha resuelto que presentará un proyecto alternativo en la Cámara de Representantes, como ya lo hicimos con la ley de descentralización de ASSE y que a nuestro criterio mejoró el proyecto definitivo.
Lo único que se plantea por parte del Poder Ejecutivo en esta instancia es una pequeña ampliación del sistema de DISSE. En realidad, DISSE fue la consecuencia de la creación de seguros colectivos a grupos de trabajadores por parte del Partido Colorado.
Sobre la filosofía del proyecto de ley, podemos decir que es centralista, estatista y concentrador del poder de las decisiones y del poder de los recursos económico-financieros.
El estatismo es tan acendrado, tan regulador de la vida de las personas y las instituciones que la ley pretende que la Junta Nacional de Salud “regule y vigile la articulación entre prestadores que integran el Servicio Nacional de Salud y entre éstos y terceros”, “supervisar la gestión económico– financiera de los prestadores”, “tomar y dar en arrendamiento cualquier clase de bienes muebles”, es decir equipamiento por ejemplo, o un hospital entero, por lo tanto la presencia de un estado planificador, parece dominar la inspiración del proyecto.
También controlará las relaciones entre los prestadores del Servicio Nacional Integrado de Salud y entre éstos y quienes no lo integran en lo que refiere a la habilitación de los mismos, capacidad asistencial, relación entre el volumen de prestaciones a contratar y el número de usuarios del prestador contratante, precios, formas de pago, plazo de los contratos y estabilidad de las condiciones de relacionamiento.
El poder de la Junta, pues, parece bastante claro y sobredimensionado
El proyecto de ley en sí lo que está haciendo es dilatar la solución del problema.
De hecho, como máximo, todo este sistema incluirá a 1:350.000 personas, en una ampliación de cobertura que, me atrevo a decir, es de 150.000 personas. O sea que deja, aproximadamente, 2:000.000 de personas afuera del sistema. Por lo tanto, no se trata de un sistema integrado ni nacional. ¿Quiénes ingresan hoy al sistema? Básicamente, lo hacen los hijos de trabajadores activos que están inscriptos en la Seguridad Social.
¿Se gravan todas las rentas?
No, sólo se grava el salario, con una tasa adicional que va del 1,5% al 3%. Casualmente, para no pagar costos políticos, la solidaridad se basa en que quienes no tienen hijos menores de 18 años pagan el 1,5%.
¿Hay ganadores? Sí, algunos, pues habrá personas con determinado nivel de ingresos tal, que ese 3% adicional sobre sus salarios –de ella y de su cónyuge- será menor a la cuota que pagaban estando afiliadas a una institución mutual.
Pero, ¿va a haber perdedores? Sí, muchísimos; todos los que pagan el 1.5%, perderán y, gran parte de los que aportan el 3%, también, porque la clave aquí está en que un porcentaje de estos últimos, cuyos hijos actualmente no están en el sistema mutual, no los podrán incorporar porque no pueden costear los tiques moderadores o los copagos. Por lo tanto, este grupo va a seguir sin poder pagar los tiques y, en consecuencia, no podrá ingresar a las mutualistas.
Los efectos serán que la salud sufrirá un deterioro inimaginable en un tiempo prudencial, muchas instituciones viables y eficientes desaparecerán y la gente de alto poder adquisitivo pagará para tener un servicio acorde.
Con referencia a un tema no menor y muy importante, el de la cobertura integral se habla de incorporar la salud bucal, la salud mental y el nivel clave 1 de emergencias, no queda claro el alcance de estos conceptos. A modo de ejemplo: ¿en salud mental, la internación siquiátrica, solo va a cubrir 30 días o se va a modificar de acuerdo a las necesidades del paciente. Van a incluirse los tratamientos sicológicos, la rehabilitación y tratamiento de adicciones?
En resumidas cuentas, debo decir que este proyecto de ley deja afuera al menos a dos millones de personas, por lo que de “sistema nacional” tiene poco; aumenta los impuestos a todo el mundo y, en parte, a los mismos a quienes se les impuso el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
Así, una vez más, se castiga a quien más trabaja: si la persona tiene dos trabajos, va a pagar dos veces el 1,5% o el 3% adicional; en caso de que el esposo y la esposa trabajen, a ambos se les va a descontar el 3% adicional; en cambio, si trabaja sólo uno de ellos, será ese el que va a pagar el 3%.
Me pregunto si éstos son o no criterios de justicia; la verdad es que a veces dudo mucho de que lo sean. Como el criterio de justicia es un concepto que siempre tiene muchas aristas, hay que examinarlo con cuidado.
Creemos que son muy pocos los beneficiados en realidad, ya que un cálculo primario daría que podrían ser beneficiadas entre 75.000 y 90.000 familias, algo así como el 8% del total de las familias uruguayas. El resto no se vería beneficiado en nada o sería perjudicado. Los perjudicados serían al menos, el triple de los beneficiados Ya vimos que el aporte de dinero del Estado por concepto de otros impuestos no es tan sustancial.
Por lo tanto, se empezó por lo más fácil y se dejó afuera todo lo que tiene costos, pero que beneficiaría a quienes más lo necesitan.
Con una frase muy sabia que fue introducida a último momento y que recogió el artículo 58/3, se faculta al Poder Ejecutivo a postergar las fechas de ingreso establecidas en la ley –todas comienzan a partir del 2010–, siempre que fuera necesario, para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Para ser precisos digamos:
Cualquier persona que gane menos de $ 4.090, no aporta el 1,5% ni el 3% adicional pero, en realidad, con ese sueldo tampoco va a ir a la mutualista. O sea que si bien no se le descuenta, tampoco tiene beneficios.
Más allá de que el espíritu de la ley sea compartible, de que la integración de los servicios sea algo bueno y de que uno pueda acompañar algunos artículos de la ley –si bien los hay que son meramente declarativos–, el Partido Colorado esta en contra de este proyecto de ley porque entiende que lo que se estaría haciendo es nada más que fijar un impuesto, otro impuesto más, sobre los mismos trabajadores, para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos pero, sobre todo, para centralizar la salud del país en pocas manos.
La Lista 15 esta redactando su propio proyecto de Ley sobre la Reforma de la Salud.
Nuestro proyecto va a ser claro, no va a ser estatista, ni concentrador del poder, ni burocrático. Es para que funcione, de soluciones al sistema asistencial y a la accesibilidad de la gente, garantizando la calidad de las prestaciones para los usuarios y las condiciones laborales de los funcionarios y de los médicos
Creemos que a mediano y largo plazo, tal como ha ocurrido en todos los lugares del mundo donde se intentó llevar adelante sistemas similares, este modelo de integración fracasará y por lo tanto deberá ser reformulado.
La reforma de la salud va a resultar difícil de cambiar porque hacerlo tendría altos costos sociales, aunque en algún momento si se aprueba este proyecto, el país, lamentablemente, tendrá de asumirlos.
* El Dr. Daniel Bianchi es Representante Nacional por la Lista 15 de Colonia.
Sobre la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud haremos un análisis general del proyecto y un análisis particular de su financiamiento.
Nos parece que el proyecto de ley o el sistema como tal es absolutamente inaplicable.
El primer comentario que surge, es que el actual gobierno en general y el Ministerio de Salud Pública en particular, cree que el Estado puede planificar todo y decirle a cada actor que es lo que debe hacer, que medicamento debe recetar, cuando tiene que invertir en tecnología, cuando no, cuando debe ampliar su planta física y en que lugar.
Esto indefectiblemente conduce al fracaso, a la disminución de inversiones y por ende a la carencia en la incorporación de nueva tecnología.
El proyecto en sí claramente tiende a una nivelación hacia abajo en la calidad de la asistencia, no porque así lo quiera la iniciativa, ya que los propósitos son buenos, sino porque los efectos prácticos serán esos.
Por lo tanto nuestro Partido ha resuelto que presentará un proyecto alternativo en la Cámara de Representantes, como ya lo hicimos con la ley de descentralización de ASSE y que a nuestro criterio mejoró el proyecto definitivo.
Lo único que se plantea por parte del Poder Ejecutivo en esta instancia es una pequeña ampliación del sistema de DISSE. En realidad, DISSE fue la consecuencia de la creación de seguros colectivos a grupos de trabajadores por parte del Partido Colorado.
Sobre la filosofía del proyecto de ley, podemos decir que es centralista, estatista y concentrador del poder de las decisiones y del poder de los recursos económico-financieros.
El estatismo es tan acendrado, tan regulador de la vida de las personas y las instituciones que la ley pretende que la Junta Nacional de Salud “regule y vigile la articulación entre prestadores que integran el Servicio Nacional de Salud y entre éstos y terceros”, “supervisar la gestión económico– financiera de los prestadores”, “tomar y dar en arrendamiento cualquier clase de bienes muebles”, es decir equipamiento por ejemplo, o un hospital entero, por lo tanto la presencia de un estado planificador, parece dominar la inspiración del proyecto.
También controlará las relaciones entre los prestadores del Servicio Nacional Integrado de Salud y entre éstos y quienes no lo integran en lo que refiere a la habilitación de los mismos, capacidad asistencial, relación entre el volumen de prestaciones a contratar y el número de usuarios del prestador contratante, precios, formas de pago, plazo de los contratos y estabilidad de las condiciones de relacionamiento.
El poder de la Junta, pues, parece bastante claro y sobredimensionado
El proyecto de ley en sí lo que está haciendo es dilatar la solución del problema.
De hecho, como máximo, todo este sistema incluirá a 1:350.000 personas, en una ampliación de cobertura que, me atrevo a decir, es de 150.000 personas. O sea que deja, aproximadamente, 2:000.000 de personas afuera del sistema. Por lo tanto, no se trata de un sistema integrado ni nacional. ¿Quiénes ingresan hoy al sistema? Básicamente, lo hacen los hijos de trabajadores activos que están inscriptos en la Seguridad Social.
¿Se gravan todas las rentas?
No, sólo se grava el salario, con una tasa adicional que va del 1,5% al 3%. Casualmente, para no pagar costos políticos, la solidaridad se basa en que quienes no tienen hijos menores de 18 años pagan el 1,5%.
¿Hay ganadores? Sí, algunos, pues habrá personas con determinado nivel de ingresos tal, que ese 3% adicional sobre sus salarios –de ella y de su cónyuge- será menor a la cuota que pagaban estando afiliadas a una institución mutual.
Pero, ¿va a haber perdedores? Sí, muchísimos; todos los que pagan el 1.5%, perderán y, gran parte de los que aportan el 3%, también, porque la clave aquí está en que un porcentaje de estos últimos, cuyos hijos actualmente no están en el sistema mutual, no los podrán incorporar porque no pueden costear los tiques moderadores o los copagos. Por lo tanto, este grupo va a seguir sin poder pagar los tiques y, en consecuencia, no podrá ingresar a las mutualistas.
Los efectos serán que la salud sufrirá un deterioro inimaginable en un tiempo prudencial, muchas instituciones viables y eficientes desaparecerán y la gente de alto poder adquisitivo pagará para tener un servicio acorde.
Con referencia a un tema no menor y muy importante, el de la cobertura integral se habla de incorporar la salud bucal, la salud mental y el nivel clave 1 de emergencias, no queda claro el alcance de estos conceptos. A modo de ejemplo: ¿en salud mental, la internación siquiátrica, solo va a cubrir 30 días o se va a modificar de acuerdo a las necesidades del paciente. Van a incluirse los tratamientos sicológicos, la rehabilitación y tratamiento de adicciones?
En resumidas cuentas, debo decir que este proyecto de ley deja afuera al menos a dos millones de personas, por lo que de “sistema nacional” tiene poco; aumenta los impuestos a todo el mundo y, en parte, a los mismos a quienes se les impuso el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
Así, una vez más, se castiga a quien más trabaja: si la persona tiene dos trabajos, va a pagar dos veces el 1,5% o el 3% adicional; en caso de que el esposo y la esposa trabajen, a ambos se les va a descontar el 3% adicional; en cambio, si trabaja sólo uno de ellos, será ese el que va a pagar el 3%.
Me pregunto si éstos son o no criterios de justicia; la verdad es que a veces dudo mucho de que lo sean. Como el criterio de justicia es un concepto que siempre tiene muchas aristas, hay que examinarlo con cuidado.
Creemos que son muy pocos los beneficiados en realidad, ya que un cálculo primario daría que podrían ser beneficiadas entre 75.000 y 90.000 familias, algo así como el 8% del total de las familias uruguayas. El resto no se vería beneficiado en nada o sería perjudicado. Los perjudicados serían al menos, el triple de los beneficiados Ya vimos que el aporte de dinero del Estado por concepto de otros impuestos no es tan sustancial.
Por lo tanto, se empezó por lo más fácil y se dejó afuera todo lo que tiene costos, pero que beneficiaría a quienes más lo necesitan.
Con una frase muy sabia que fue introducida a último momento y que recogió el artículo 58/3, se faculta al Poder Ejecutivo a postergar las fechas de ingreso establecidas en la ley –todas comienzan a partir del 2010–, siempre que fuera necesario, para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Para ser precisos digamos:
Cualquier persona que gane menos de $ 4.090, no aporta el 1,5% ni el 3% adicional pero, en realidad, con ese sueldo tampoco va a ir a la mutualista. O sea que si bien no se le descuenta, tampoco tiene beneficios.
Más allá de que el espíritu de la ley sea compartible, de que la integración de los servicios sea algo bueno y de que uno pueda acompañar algunos artículos de la ley –si bien los hay que son meramente declarativos–, el Partido Colorado esta en contra de este proyecto de ley porque entiende que lo que se estaría haciendo es nada más que fijar un impuesto, otro impuesto más, sobre los mismos trabajadores, para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos pero, sobre todo, para centralizar la salud del país en pocas manos.
La Lista 15 esta redactando su propio proyecto de Ley sobre la Reforma de la Salud.
Nuestro proyecto va a ser claro, no va a ser estatista, ni concentrador del poder, ni burocrático. Es para que funcione, de soluciones al sistema asistencial y a la accesibilidad de la gente, garantizando la calidad de las prestaciones para los usuarios y las condiciones laborales de los funcionarios y de los médicos
Creemos que a mediano y largo plazo, tal como ha ocurrido en todos los lugares del mundo donde se intentó llevar adelante sistemas similares, este modelo de integración fracasará y por lo tanto deberá ser reformulado.
La reforma de la salud va a resultar difícil de cambiar porque hacerlo tendría altos costos sociales, aunque en algún momento si se aprueba este proyecto, el país, lamentablemente, tendrá de asumirlos.
* El Dr. Daniel Bianchi es Representante Nacional por la Lista 15 de Colonia.
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