Conclusiones Reunión Dirigencia Nacional Lista 15

Diputado José Amorin Batlle

En la tarde de este martes culminó la reunión de la dirección nacional de la Lista 15 encabezada por sus máximos dirigentes, entre ellos el ex presidente Jorge Batlle, delineando estrategias de cara a las próximas instancias electorales. Los dirigentes de la Lista 15 le dieron forma a la agenda y a las estrategias para elegir un candidato del sector. Según confirmó el diputado Amorín Batlle, en abril o mayo se va a resolver con los representantes de todo el país quién será en definitiva el candidato que proponga la Lista 15. Por su orden la oratoria del Senador Isacc Alfie, Diputado Daniel Bianchi, la Edil Glenda Roldan, varios Dirigentes del interior en la misma linea de estrategia, posiciona al sector con gran fuerza hacia las Elecciones Internas.

En la reunión, el ex presidente Batlle hizo hincapié entre otras cosas en que el Partido Colorado tiene que concentrar esfuerzos para ganarle al Frente Amplio en las próximas elecciones. En la reunión también se fue muy crítico con varias políticas desarrolladas por el gobierno. Por ejemplo, las políticas gubernamentales referentes al Mercosur fueron blancos de duras críticas.
En tanto, según señaló Amorín Batlle a más tardar en el mes de mayo estará el nombre propuesto por la Lista 15 de cara a las elecciones internas del Partido Colorado.
“Básicamente de carácter de organización. Vamos a tener mesas ejecutivas en todos los departamentos de todos los grupos que apoyan la Lista 15 para que se reúnan. Vamos a participar con fuerza a favor de la recolección de firmas para el plebiscito llamado de los jubilados. Y vamos naturalmente como última decisión en el mes de abril o mayo proclamar la candidatura de la Lista 15”, manifesto el Diputado José Amorín Batlle.

Sorpresivo déficit fiscal en 2007

ISAAC ALFIE
Cuando todo hacía pensar que durante el año pasado las cuentas públicas terminarían en superávit, mayúscula resultó la sorpresa cuando las cifras oficiales quedaron en rojo, en especial porque el resultado del mes de diciembre fue deficitario en 1,3% del PIB. Las cuentas del Estado mostraban hasta el mes previo un superávit global, incluyendo las Intendencias, del orden de 1% del producto y 0,8% sin aquellas. Cierto es que desde el gobierno se informaba que el resultado iba a ser peor a lo que se mostraba pero, a fuer de sincero, jamás imaginé las cifras de diciembre.
RAZONES. El propio MEF emite un comunicado donde, en parte, explica el porqué de tan negativo resultado en base a pagos extraordinarios y la recomposición de inventarios de Ancap. Desde mi punto de vista, mirado el año en su totalidad, hay dos elementos que deterioran el resultado del mismo, el aumento de inventarios de Ancap de $ 1.000 millones y el pago por anticipado a la Caja Bancaria de $ 765 millones. Este último se origina en un convenio firmado en la segunda mitad de los noventa, por que el cual el Estado debía abonar a dicho Fondo de Retiro el importe del daño que le infringió el gobierno militar. Entre ambos contabilizan 0,3% del PIB, y su exclusión no logra poner el resultado en superávit. La primera razón (inventarios) seguramente mejore el resultado de 2008, en tanto la segunda, si bien tendrá el mismo efecto, será insignificante en función de la anualidad.
El comunicado del MEF habla también de otras transferencias extraordinarias (CND, Pluna, subsidios), pero en todos los casos no son de hechos de una sola vez como los anteriores, sino de pagos que se fueron dilatando a lo largo del año y se repetirán en el futuro. En los hechos la CND viene operando como una "Dirección de vialidad ad hoc" del MTOP, por lo que el dinero transferido es como si hubiera ido a dicho ministerio "vestido" de manera distinta, en Pluna habrá que seguir poniendo dinero de acuerdo al contrato firmado, en tanto los subsidios selectivos los implantó esta administración en la pasada Rendición de Cuentas.
CONSIDERACIONES. Varias cosas se pueden inferir de las cifras publicadas y, otras varias resultan las incógnitas que se generan en virtud de la forma de encubrir gasto por la que optó el gobierno.
Respecto de las conclusiones que se pueden extraer; en el año ocurrieron tres hechos que mejoran de manera importante el resultado fiscal, tal cual daba cuenta en esta misma columna a comienzos de octubre del año pasado:
a) el apartamiento de la inflación de los "precios implícitos en la programación" le estaba "aportando" al resultado fiscal una mejora del orden de 1% del producto,
b) el mayor aumento del PIB sobre el previsto, aportó otro 0,4% y,
c) la caída en la cotización del dólar que hizo que la carga de intereses se redujera en 0,7% del producto, de 4,4% a 3,7%. Pese a ello y, teniendo en cuenta que las Intendencias Municipales volvieron a mostrar superávit global, esta vez de 0,2% del PIB, el sector público volvió a registrar déficit.
A esta altura el resultado debería preocuparnos a todos.
Todo se explica por un gasto fuera de madre, cuya relación con el producto volvió a subir durante el 2007 y que todo hace prever continuará en dicha senda. No debemos olvidar que la mayoría de los analistas pensamos que el nivel del PIB se encuentra por encima del potencial, por lo que el ratio en cuestión está subestimado.
Por el lado de los ingresos, tal como consignara en una columna de principios de enero, las cosas no parecen mejorar, ya que tanto la DGI como el BPS parecen haber llegado a un límite que no pueden superar. Es más, de no haber sido por la notoria mejora en el resultado operativo de las empresas públicas (1,1% del producto) la situación fiscal, con todos los hechos a favor descritos, hubiera sido de preocupar (1).
Respecto de las incógnitas, tal como expliqué la CND está ejecutando gasto público y para ello recibe transferencias (vía capitalizaciones), cobra precios (vía peajes) y se endeuda. Lo cierto es que todo su gasto es público y no aparece en las cuentas fiscales, además la variación de su deuda es resultado fiscal (déficit si aumenta y superávit si cae), el cual no se contabiliza. Por su parte, el resultado de Ancap encierra varias operaciones que deberían clarificarse. En primer lugar, el llamado fideicomiso del boleto, cuyo gasto anual debe superar los $ 1.000 millones aparece escondido en el resultado primario de la empresa, siendo gasto público. En segundo término el combustible subsidiado a Pluna debe contabilizarse como gasto del gobierno central. Por último, todas las "inversiones" del ente en alcoholes, azúcar, la compra de las estaciones de servicio y otras actividades, en lugar de ser expuestas como gastos o quizás en algunos casos como inversiones, y por ende reflejarse en el déficit, se toman como inversión de cartera, aún las capitalizaciones recurrentes o los "préstamos" que el ente le otorga a empresas subsidiarias o controladas por él.
Ante ello es claro que tanto el gasto público como el resultado fiscal es peor del publicado. Sería bueno saber cuánto peor. Desde ya adelanto que no creo que el deterioro constituya una cifra que, en términos del PIB, luzca elevada.
EL 2008. De acuerdo a como se perfila el año no debería sorprender un aumento relativamente importante del déficit fiscal, en especial debido al deterioro del resultado corriente de las empresas públicas, y dentro de ellas, en UTE y Antel. En el caso de Ancap, seguramente utilice el stock de petróleo acumulado en 2007 lo que reduce el déficit del año y a su vez, la reducción del Imesi a las naftas dispuesta en diciembre pasado, traspasa a los ingresos tributarios (como debe ser) el peso de mantener incambiado su precio. Entre ambos conceptos la mejora del resultado es del orden de los $ 2.200 millones, lo que lo pone a salvo de un deterioro y quizás hasta mejore un poco.
Del lado de la recaudación cabe la duda en cuanto a la anunciada reducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Considerando que la misma tenga efectos de caja a partir del 2009, los ingresos deberían mejorar en relación al producto por el mero efecto de computar un año completo de la reforma tributaria frente a cinco meses de 2007. De todos modos ello no alcanzará para absorber el aumento del gasto estimado (2). A su vez, la cuenta de intereses ayudará nuevamente en la medida que la cotización promedio del dólar, (como es la expectativa de los analistas), sea sustancialmente inferior a la del año pasado. Así el gobierno central pagará alrededor de ½% del PIB menos en esta cuenta.
El análisis profundo de las cifras nos muestra que las tendencias de largo plazo son preocupantes y que no habría espacio para la anunciada reducción del IRPF, salvo que ésta sea un "guiño" indicativo de buena voluntad. Meramente, el hecho que el tipo de cambio real con Estados Unidos a diciembre pasado estaba un 13% por debajo del promedio de los últimos 23 años, nos pauta que "volviendo al promedio" en la cotización la carga de intereses en lugar de disminuir medio punto del producto, aumentaría otro tanto y por ende el déficit fiscal sería 1% mayor. Otro factor lo constituye un producto por encima del potencial que aporta importante recaudación adicional.
En marzo de 2007, en una disertación de ADM expresé mis serias dudas acerca del comportamiento fiscal de la actual Administración. Mi posición se resumía en que pese a la espectacular coyuntura, (que si bien se moderaría iba a perdurar) y nos debía conducir a un abultado superávit, estaba convencido que el gobierno terminaría con un déficit fiscal superior al 2% del PIB, lo cual constituye un "atentado" a la estabilidad económica futura. Lamentablemente la probabilidad de que ello ocurra ha aumentado.
(1) Siempre hablando en términos relativos en función de la fase del ciclo económico en la que estamos.
(2) Siempre que la inflación se mantenga controlada.

Reunión Dirigencia Nacional Lista 15

Este Martes 19 de Febrero de 2008, a partir de las 10.30 horas, en Sede del Hotel Lafayette de la Calle Soriano y Cuareim en Montevideo.
Se reúne la Dirigencia Nacional de la Lista 15, en la oportunidad se trataran temas de
Organización, y referentes a las Comisiones de Programa.
Representando a Maldonado, concurriremos el Lic. Martín Marzano,

la Sra. Cecilia Padilla Sanguinetti de Pereira, el Sr. Roberto H. Pérez y el Sr.César Pereira.

La reforma del Estado, otra vez

ISAAC ALFIE
Ha vuelto al tapete la manida reforma del Estado. No es la primera oportunidad que se habla del tema en esta administración, tampoco es el primer gobierno que lo hace. Los cuatro anteriores desde el retorno de la democracia hicieron o intentaron hacer cambios; algunos fueron exitosos, otros un fracaso. Durante esos años el Parlamento también jugó su rol, en general de manera negativa, llegando incluso a derogar por ley reformas administrativas realizadas por el Poder Ejecutivo ante la presión de los sindicatos públicos. En eso el actual oficialismo llevó la bandera y algunos representantes de los partidos históricos le siguieron el juego, pensando en el "rédito político". El tiempo probó su error.
En este aspecto, hasta el momento, la actual administración habló mucho pero nada hizo. Mucho me temo que nada profundo se haga al terminarse en pocos meses el tiempo de gobierno efectivo. Por ahora, otros gobiernos hablaron menos e hicieron bastante más, cosa que suele suceder.
EL PLANTEO. Si bien los titulares de la prensa han brindado amplia difusión, todo parece quedarse en eso, meros titulares, poco en concreto se conoce del proyecto. De hecho, creo que no hay proyecto, apenas son ideas sueltas, la mayoría inconexas, a veces contradictorias entre sí, algunas contaminadas con propuestas de reforma constitucional. Poco en limpio se puede sacar. Hay quienes piensan que esta presentación tan desprolija se hace ex profeso, otros que es producto de la ausencia de un proyecto de fondo. Por la razón que fuere, esa es la realidad. Atengámonos pues a las declaraciones de los funcionarios responsables. Lo principal se podría resumir en: i) habrá concejos de gobierno o Alcaldías en localidades de 2.000 o más habitantes; ii) las habrá también por barrios de ciudades; iii) no se quiere un Estado más chico; iv) tampoco se piensa reducir la cantidad de funcionarios, es más seguramente haya más empleados públicos y, v) las compras de las empresas públicas (EE.PP.) pasarían a un régimen de derecho privado. El resto es lo sabido, se simplificarán los trámites, se usará más la informática, etc.
ANÁLISIS. Si este es el planteo final debemos convenir que pocas cosas son rescatables, más allá de lo compartible del propósito. El aspecto donde seguramente se logren unanimidades es seguir simplificando los trámites. El proceso empezó hace mucho, -basta recordar la odisea que constituía pagar una factura de servicios públicos, impuestos municipales y nacionales o el BPS-, pero aún tiene mucho camino por recorrer. Lamentablemente ha sido esta administración quien complicó sobremanera una cantidad de operaciones, legislando en base a casos patológicos y no por la regla, lo que trajo una proliferación de registros y requerimientos de certificados inútiles. El comienzo de la reforma, debiera ser "la contrarreforma" de lo hecho, un enorme "derógase". Esperemos se logren avances, porque la ganancia de productividad general de la economía derivada del ahorro de recursos que implica la eliminación de trámites y papeles inútiles no es fácil de medir, pero es enorme y lamentablemente en Uruguay los ejemplos son miles.
Otro punto que en principio merece apoyo lo constituye la reforma de las EE.PP. , pero si esta es global. Aquí se conoce el título, llevar las compras al régimen de derecho privado y nada más. Al respecto cabe consignar que en la última rendición de cuentas por medio de un artículo eso ya fue hecho al eliminarse, en casi la totalidad de los casos, los requisitos que exige el Tocaf. Personalmente no estoy de acuerdo. De por sí, una EE.PP. en general posee ventajas de mercado frente a las privadas, mucho más en una sociedad como la nuestra donde la veneración del Estado es grande. Si la empresa es pública y los funcionarios tienen determinado estatuto especial y limitadas responsabilidades, debe tener un procedimiento de contratación "garantista" aunque no sea lo más eficiente. La sociedad, dueña implícita de las acciones, no tiene otro mecanismo de control. Desde mi punto de vista la solución, si se quiere ir al derecho privado es hacerlo completo, abrir a la participación del capital privado en las empresas del Estado, asegurar una minoría suficientemente grande como para que pueda ejercer el control, que el gobierno corporativo de las empresas sea como el de cualquier corporación privada y que los funcionarios se rijan por la normativa laboral privada, estando sujetos a despido como cualquier empleado. Cualquier otro arreglo legal es enredar la situación en un híbrido poco claro donde todos y, en especial los peores vicios de ambos sectores (público y privado) estarán presentes y los mecanismos de defensa ante ellos serán escasos. Una situación como la descrita, es allanar el camino para que los inescrupulosos ganen, siga creciendo el desprestigio de la generalidad de quienes trabajan en el sector público, en especial quienes lo dirigen, lo que conduce irremediablemente al deterioro de las decisiones del sector público y con ello de la calidad de vida del país.
Un "lineamiento" que llama la atención es respecto al tamaño del Estado y su cantidad de personal. Creo que si hay tema donde existe consenso es que el sector público uruguayo es grande y la cantidad de funcionarios excesiva. Yo agregaría que está metido en muchos lados donde no debiera. Las autoridades parecen no compartir la percepción general. Hay un dato interesante que nos da la pauta por donde deberían enfocarse los cambios; pese al aumento de la inseguridad pública, Uruguay está 4º en el mundo en número de policías por habitante. En mi opinión el Estado debería apuntar a hacer menos cosas y mejor, no más actividades. Para ello se necesita menos gente. Por otra parte, si pretendemos que sea eficiente -la propia definición del término, más producción por unidad de insumo utilizada-, nos indica que se necesitaría menos gente para hacer lo mismo que hoy. Si se eliminan o simplifican trámites y se automatiza la gestión, es evidente que se gana en productividad y eso, por definición, requiere de menos personal. Algunos se preguntarán ¿cómo se hace el ajuste? Con una regla clara de largo plazo donde los ingresos de personal sean inferiores a los egresos "naturales" (renuncia, invalidez, jubilación o fallecimiento). De hecho entre 1994 y 2004 el número de funcionarios públicos totales se redujo en más de 50.000 y entre 1985 y 1994, luego de la reincorporación de los cesados por la dictadura, el total de funcionarios no creció, siendo las Intendencias Municipales las que aumentaron sus dependientes, al tiempo que caía la cantidad de funcionarios en el resto del sector público, en especial en las Empresas Públicas. Con excepción de los cargos docentes de la enseñanza, algunas especialidades en la salud y poca cosa más, en el resto del Estado queda aún tela para cortar.
Por último está el planteo de las Alcaldías que, a mi entender, raya en lo ridículo o la ignorancia. Es cierto que en países desarrollados existen gobiernos locales en algo que podríamos llamar "barrios", tan cierto como que esos "barrios" tienen más habitantes que la mayoría de los departamentos del Uruguay (*) y que su nivel de ingreso suele superar largamente el nivel de ingreso de todo nuestro país. También es cierto que de acuerdo al "barrio" se pagan impuestos dispares a la propiedad, pero que éste incluye, además de los clásicos, alumbrado, limpieza, caminería, el servicio de enseñanza y el control de los pagadores de su calidad. En la mayoría de los "barrios" acomodados de las grandes ciudades de Estados Unidos, si se hace correctamente la comparación -incorporando el costo de la enseñanza a precios de Uruguay- se concluye que, en términos absolutos, se pagan menos impuestos sobre la propiedad en Norteamérica que en nuestro país. Por tanto, no se pueden comparar las peras con las uvas. Ejemplos hay muchos, por cuestiones de espacio los ahorro.
ALGUNAS PROPUESTAS. Parece claro que cualquier reforma del Estado debe reducir a largo plazo el número de funcionarios. Para ello hay que reformar en serio, cambiando no sólo trámites, sino modernizando los métodos de administración. Esto, que fue posible en la mayoría de las EE.PP., debe trasladarse al resto del sector público. Tenemos un ejemplo propio a emular, debemos adecuar las acciones a cada sector particular.
A vía de ejemplo, si queremos un funcionamiento más rápido y eficiente del sistema judicial, no podemos eliminar jueces, quizás debamos aumentar su número y tener juzgados más especializados, pero al mismo tiempo debemos quitarle a la Suprema Corte todas las funciones administrativas que le insumen la mayoría de su tiempo y para las cuales sus miembros no están capacitados ni sienten vocación. Directamente hay que nombrar un cuerpo gerencial para que dirija la organización, automatice, racionalice, etc. Habrá al final menos papel, menos funcionarios administrativos, menos porteros, etc.
Algo parecido pasa en la enseñanza, donde es claro que hay problemas graves, pero que en el tema que nos atañe rompe los ojos una relación docentes/no docentes totalmente fuera de línea de las recomendaciones mundiales; es aproximadamente la mitad, el doble de funcionarios administrativos.
Debemos aprender de lo hecho por Nueva Zelanda, aprovechando el impulso del deslumbramiento que causó este país en nuestros gobernantes. Allí el sector público se maneja con contratos de gestión y responsabilidad.
Debemos aprender de Irlanda donde la facilitación del accionar del sector privado puesto como norte, llevó a una revolución simplificadora.