La reforma del Estado, otra vez

ISAAC ALFIE
Ha vuelto al tapete la manida reforma del Estado. No es la primera oportunidad que se habla del tema en esta administración, tampoco es el primer gobierno que lo hace. Los cuatro anteriores desde el retorno de la democracia hicieron o intentaron hacer cambios; algunos fueron exitosos, otros un fracaso. Durante esos años el Parlamento también jugó su rol, en general de manera negativa, llegando incluso a derogar por ley reformas administrativas realizadas por el Poder Ejecutivo ante la presión de los sindicatos públicos. En eso el actual oficialismo llevó la bandera y algunos representantes de los partidos históricos le siguieron el juego, pensando en el "rédito político". El tiempo probó su error.
En este aspecto, hasta el momento, la actual administración habló mucho pero nada hizo. Mucho me temo que nada profundo se haga al terminarse en pocos meses el tiempo de gobierno efectivo. Por ahora, otros gobiernos hablaron menos e hicieron bastante más, cosa que suele suceder.
EL PLANTEO. Si bien los titulares de la prensa han brindado amplia difusión, todo parece quedarse en eso, meros titulares, poco en concreto se conoce del proyecto. De hecho, creo que no hay proyecto, apenas son ideas sueltas, la mayoría inconexas, a veces contradictorias entre sí, algunas contaminadas con propuestas de reforma constitucional. Poco en limpio se puede sacar. Hay quienes piensan que esta presentación tan desprolija se hace ex profeso, otros que es producto de la ausencia de un proyecto de fondo. Por la razón que fuere, esa es la realidad. Atengámonos pues a las declaraciones de los funcionarios responsables. Lo principal se podría resumir en: i) habrá concejos de gobierno o Alcaldías en localidades de 2.000 o más habitantes; ii) las habrá también por barrios de ciudades; iii) no se quiere un Estado más chico; iv) tampoco se piensa reducir la cantidad de funcionarios, es más seguramente haya más empleados públicos y, v) las compras de las empresas públicas (EE.PP.) pasarían a un régimen de derecho privado. El resto es lo sabido, se simplificarán los trámites, se usará más la informática, etc.
ANÁLISIS. Si este es el planteo final debemos convenir que pocas cosas son rescatables, más allá de lo compartible del propósito. El aspecto donde seguramente se logren unanimidades es seguir simplificando los trámites. El proceso empezó hace mucho, -basta recordar la odisea que constituía pagar una factura de servicios públicos, impuestos municipales y nacionales o el BPS-, pero aún tiene mucho camino por recorrer. Lamentablemente ha sido esta administración quien complicó sobremanera una cantidad de operaciones, legislando en base a casos patológicos y no por la regla, lo que trajo una proliferación de registros y requerimientos de certificados inútiles. El comienzo de la reforma, debiera ser "la contrarreforma" de lo hecho, un enorme "derógase". Esperemos se logren avances, porque la ganancia de productividad general de la economía derivada del ahorro de recursos que implica la eliminación de trámites y papeles inútiles no es fácil de medir, pero es enorme y lamentablemente en Uruguay los ejemplos son miles.
Otro punto que en principio merece apoyo lo constituye la reforma de las EE.PP. , pero si esta es global. Aquí se conoce el título, llevar las compras al régimen de derecho privado y nada más. Al respecto cabe consignar que en la última rendición de cuentas por medio de un artículo eso ya fue hecho al eliminarse, en casi la totalidad de los casos, los requisitos que exige el Tocaf. Personalmente no estoy de acuerdo. De por sí, una EE.PP. en general posee ventajas de mercado frente a las privadas, mucho más en una sociedad como la nuestra donde la veneración del Estado es grande. Si la empresa es pública y los funcionarios tienen determinado estatuto especial y limitadas responsabilidades, debe tener un procedimiento de contratación "garantista" aunque no sea lo más eficiente. La sociedad, dueña implícita de las acciones, no tiene otro mecanismo de control. Desde mi punto de vista la solución, si se quiere ir al derecho privado es hacerlo completo, abrir a la participación del capital privado en las empresas del Estado, asegurar una minoría suficientemente grande como para que pueda ejercer el control, que el gobierno corporativo de las empresas sea como el de cualquier corporación privada y que los funcionarios se rijan por la normativa laboral privada, estando sujetos a despido como cualquier empleado. Cualquier otro arreglo legal es enredar la situación en un híbrido poco claro donde todos y, en especial los peores vicios de ambos sectores (público y privado) estarán presentes y los mecanismos de defensa ante ellos serán escasos. Una situación como la descrita, es allanar el camino para que los inescrupulosos ganen, siga creciendo el desprestigio de la generalidad de quienes trabajan en el sector público, en especial quienes lo dirigen, lo que conduce irremediablemente al deterioro de las decisiones del sector público y con ello de la calidad de vida del país.
Un "lineamiento" que llama la atención es respecto al tamaño del Estado y su cantidad de personal. Creo que si hay tema donde existe consenso es que el sector público uruguayo es grande y la cantidad de funcionarios excesiva. Yo agregaría que está metido en muchos lados donde no debiera. Las autoridades parecen no compartir la percepción general. Hay un dato interesante que nos da la pauta por donde deberían enfocarse los cambios; pese al aumento de la inseguridad pública, Uruguay está 4º en el mundo en número de policías por habitante. En mi opinión el Estado debería apuntar a hacer menos cosas y mejor, no más actividades. Para ello se necesita menos gente. Por otra parte, si pretendemos que sea eficiente -la propia definición del término, más producción por unidad de insumo utilizada-, nos indica que se necesitaría menos gente para hacer lo mismo que hoy. Si se eliminan o simplifican trámites y se automatiza la gestión, es evidente que se gana en productividad y eso, por definición, requiere de menos personal. Algunos se preguntarán ¿cómo se hace el ajuste? Con una regla clara de largo plazo donde los ingresos de personal sean inferiores a los egresos "naturales" (renuncia, invalidez, jubilación o fallecimiento). De hecho entre 1994 y 2004 el número de funcionarios públicos totales se redujo en más de 50.000 y entre 1985 y 1994, luego de la reincorporación de los cesados por la dictadura, el total de funcionarios no creció, siendo las Intendencias Municipales las que aumentaron sus dependientes, al tiempo que caía la cantidad de funcionarios en el resto del sector público, en especial en las Empresas Públicas. Con excepción de los cargos docentes de la enseñanza, algunas especialidades en la salud y poca cosa más, en el resto del Estado queda aún tela para cortar.
Por último está el planteo de las Alcaldías que, a mi entender, raya en lo ridículo o la ignorancia. Es cierto que en países desarrollados existen gobiernos locales en algo que podríamos llamar "barrios", tan cierto como que esos "barrios" tienen más habitantes que la mayoría de los departamentos del Uruguay (*) y que su nivel de ingreso suele superar largamente el nivel de ingreso de todo nuestro país. También es cierto que de acuerdo al "barrio" se pagan impuestos dispares a la propiedad, pero que éste incluye, además de los clásicos, alumbrado, limpieza, caminería, el servicio de enseñanza y el control de los pagadores de su calidad. En la mayoría de los "barrios" acomodados de las grandes ciudades de Estados Unidos, si se hace correctamente la comparación -incorporando el costo de la enseñanza a precios de Uruguay- se concluye que, en términos absolutos, se pagan menos impuestos sobre la propiedad en Norteamérica que en nuestro país. Por tanto, no se pueden comparar las peras con las uvas. Ejemplos hay muchos, por cuestiones de espacio los ahorro.
ALGUNAS PROPUESTAS. Parece claro que cualquier reforma del Estado debe reducir a largo plazo el número de funcionarios. Para ello hay que reformar en serio, cambiando no sólo trámites, sino modernizando los métodos de administración. Esto, que fue posible en la mayoría de las EE.PP., debe trasladarse al resto del sector público. Tenemos un ejemplo propio a emular, debemos adecuar las acciones a cada sector particular.
A vía de ejemplo, si queremos un funcionamiento más rápido y eficiente del sistema judicial, no podemos eliminar jueces, quizás debamos aumentar su número y tener juzgados más especializados, pero al mismo tiempo debemos quitarle a la Suprema Corte todas las funciones administrativas que le insumen la mayoría de su tiempo y para las cuales sus miembros no están capacitados ni sienten vocación. Directamente hay que nombrar un cuerpo gerencial para que dirija la organización, automatice, racionalice, etc. Habrá al final menos papel, menos funcionarios administrativos, menos porteros, etc.
Algo parecido pasa en la enseñanza, donde es claro que hay problemas graves, pero que en el tema que nos atañe rompe los ojos una relación docentes/no docentes totalmente fuera de línea de las recomendaciones mundiales; es aproximadamente la mitad, el doble de funcionarios administrativos.
Debemos aprender de lo hecho por Nueva Zelanda, aprovechando el impulso del deslumbramiento que causó este país en nuestros gobernantes. Allí el sector público se maneja con contratos de gestión y responsabilidad.
Debemos aprender de Irlanda donde la facilitación del accionar del sector privado puesto como norte, llevó a una revolución simplificadora.